martes, 9 de octubre de 2012

Un equipo francés obtiene la mejor marca en la Solar Race.

 

 

 

Un prototipo construido por los alumnos del equipo francés Lycée Louis Pasquet ha obtenido la mejor marca de la tercera edición de la Solar Race Región de Murcia, competición de vehículos impulsados por energías renovables, promovida por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación y organizada por la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia (Argem).
Los premios entregados por parte del secretario general de la Consejería, Antonio Navarro, el director general de Industria, Energía y Minas, Pedro Jiménez, y el director gerente de Argem, Teodoro García, reconocen no sólo las marcas realizadas en el Circuito de Velocidad de Cartagena durante la Solar Race, sino también las obtenidas durante la carrera francesa EducEco.
Después de tres días de competición, los prototipos participantes han obtenido importantes marcas, aunque, según el director gerente de Argem, Teodoro García, “lo importante de este evento es demostrar que ya existen tecnologías de energías renovables aplicadas con éxito y fiabilidad al transporte y, sobre todo, que tanto en la Región como en el resto de España, así como en otros países de Europa, hay grupos procedentes de centros educativos que están trabajando en este campo y son capaces presentar proyectos innovadores que en un futuro no muy lejano formarán parte de nuestra vida cotidiana”.
Además, por categorías, en vehículos experimentales y dentro de la tecnología solar fotovoltaica, los tres primeros clasificados han sido el equipo francés Lycée Louis Pasquet, el Instituto Cotes Baixes, de Alcoy y el equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Málaga.
Dentro de la tecnología de biocombustibles, los tres primeros han sido el equipo húngaro Kecskemeti Foiskola, el Instituto Leonardo da Vinci, de Alicante, y el Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, Campus Alcoy.
Entre los vehículos eléctricos, las mejores marcas han sido realizadas por los equipos del Lycée Louis Pasquet, que ha quedado en primer lugar, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad Politécnica de Múnich, que han sido segundo y tercer clasificado, respectivamente. Mientras, en la tecnología de hidrógeno, el único ganador ha sido el vehículo húngaro de la Universidad de Pécs.
Y en la categoría de vehículos de ciudad, el premio ha sido también para el equipo Lycée Louis Pasquet, que competía en Cartagena con tres prototipos.
Asimismo, se han entregado dos premios especiales, uno al Diseño del Vehículo, que ha recaído en el equipo del CEU Cardenal Herrera de Valencia y otro a la Innovación Tecnológica, que ha obtenido el equipo de la Universidad Politécnica de Múnich.
Los vehículos participantes han sido construidos por alumnos de institutos y universidades de España, Francia, Hungría y Alemania y están propulsados por energía solar fotovoltaica, hidrógeno, biocombustibles y energía eléctrica dentro de las dos categorías: experimentales y de ciudad. De los prototipos participantes, siete han sido construidos en la Región, en concreto, en la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, en la Universidad Católica San Antonio, en el Instituto Politécnico de Cartagena y en el Instituto Francisco de Goya de Molina de Segura.
De entre los prototipos regionales, el mejor clasificado ha sido la Universidad Politécnica de Cartagena.
Este evento cuenta el patrocinio de importantes empresas a nivel nacional e internacional, como la empresa de transporte Seur, que desde 2009 está apoyando la carrera, asumiendo el coste del traslado de los vehículos desde su lugar de procedencia; Air Liquide, que suministra el hidrógeno a los coches que compiten en esta categoría y que ofrece apoyo técnico tanto a Argem como a los equipos participantes durante la preparación de la carrera y en los días de competición, y la empresa regional Disfrimur, que destaca por su proyección en el sector del transporte.

 

Un nuevo catalizador transforma CO2 en materia prima industrial.

 

 

Un estudio en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un nuevo catalizador que permite la transformación de dióxido de carbono en productos orgánicos aptos para el uso industrial. Los resultados han sido publicados en la revista Angewandte Chemie.
Los catalizadores son sustancias que aceleran las reacciones químicas sin alterar su composición. El catalizador desarrollado en este trabajo, basado en un complejo de iridio estable al aire, convierte de forma selectiva el CO2 en sililformiatos, unos derivados del ácido fórmico que contienen silicio. El ácido fórmico, tiene muchas aplicaciones en la industria química, en agricultura, en tecnología de los alimentos y en la fabricación de productos de cuero. Los sililformiatos se utilizan para la producción de polímeros de siliconas y como materia prima en síntesis orgánica.
“El desarrollo de nuevos procesos químicos selectivos y de alto rendimiento permitiría una mayor economía de recursos naturales, eliminar o disminuir en la medida de lo posible la producción de residuos, reciclar y transformar moléculas con un impacto ecológico negativo y minimizar el gasto energético”, explica el investigador del CSIC Luis Oro, del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza.
La reacción lograda por este estudio se produce a temperatura ambiente y presión atmosférica suave. Es muy selectiva, funciona sin disolvente y no origina residuos.
Según el investigador del CSIC Francisco Fernández‐Álvarez, del mismo instituto zaragozano, “esta investigación puede suponer un avance importante para la transformación de CO2 en productos de interés industrial”.

 

El Gobierno aprueba la polémica reforma de la Ley de Costas.

 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, que a partir de ahora inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Saénz de Santamaría ha destacado que la norma dará "seguridad jurídica" a ciudadanos y empresas y "reforzará la protección ambiental" de la costa, al tiempo que se evitarán "situaciones irreversibles". Por todo ello, ha insistido en que se trata de "un cambio normativo muy importante".
Así, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
De este modo, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" que ha permitido, según Medio Ambiente, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares. Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 "chiringuitos" (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).
Principales modificaciones
Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplicar criterios técnicos para deslindar la costa, según Medio Ambiente. La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá "un nivel de protección mayor" al vigente.
Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales para evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.
Otra medida contempla el impedimento de nuevas edificaciones en el DPMT y la prohibición de que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan un aumento de volumen, altura o superficie. Por otro lado, para lograr una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos por lo que los bienes de DPMT deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.
También se ampliarán los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.
En cualquier caso, Medio Ambiente precisa que no se trata de "una prórroga indiscriminada" ya que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera "será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga".
Ecologistas
Las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción han calificado de "engaño" la proposición de ley para la reforma de la Ley de Costas al afirmar que supondrá un "alto coste" económico para los ciudadanos.
Así, WWF ha resaltado que el proyecto de reforma se ha elaborado "ignorando los problemas actuales del litoral" relativos a temas como la regresión de la línea de costa, el deterioro de los ecosistemas marinos o la presión urbanística, entre otros.
"El aumento de la altura del mar o el incremento en número e intensidad de los temporales están ya afectando a partes de nuestro litoral. La reforma debería proteger esas áreas y facilitar su desocupación para evitar daños personales y materiales y una avalancha de reclamaciones futuras", ha señalado.
Por su parte, Greenpeace ha solicitado el Ejecutivo dar a conocer cuáles son los criterios para "ese uso sostenible" de la costa que impedirán las ya habituales atrocidades urbanísticas" en el litoral español.
Asimismo, ha recordado que la tramitación de esta ley "no ha contado desde el principio" con las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación. "En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente", ha destacado.
Por último, ha destacado que "al permitir que se ocupe" el territorio durante 75 años extra y en zonas inundables que no se hayan inundado por lo menos cinco veces durante los últimos diez años, sumado a la exclusión del dominio público de humedales como las salinas, "se está aumentando exponencialmente el gasto de dinero público en mantenimiento artificial de la costa".
Mientras, la asociación Ecologistas en Acción ha calificado de "pésima noticia" el proyecto al entender que supone una "frivolidad" y una "irresponsabilidad total" puesto que "busca favorecer con irregularidades" en base a "intereses particulares y amiguismos".
La portavoz de Ecologistas en Acción de Andalucía, Dolores Yllescas, ha señalado a Europa Press que el procedimiento "no tiene pies ni cabeza" y es "arbitrario", ya que implica "cargarse una de las mejores leyes de la democracia" al objeto de "privatizar de facto gran parte de nuestro litoral".

 

jueves, 4 de octubre de 2012

Más recortes en medio ambiente excepto para incendios forestales.

 

 

El Presupuesto consolidado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 2013 asciende a 9.489,4 millones de euros, lo que supone una reducción del 9,7% (1.023 millones de euros menos) con respecto a las cuentas de 2012. Este ajuste afectará a casi todas las partidas menos a los incendios forestales, que sube un 23%.
El presupuesto del Subsector Estado ha bajado en un 25,4%, pasando de los 2.252 millones de presupuesto en 2012 a 1.680 en 2013, mientras que el Presupuesto del Subsector formado por los Organismos Autónomos dependientes del Ministerio más la Agencia Estatal de Meteorología experimenta una reducción del 6,5%, 576 millones de euros.
Dado que este último Subsector es con diferencia muy superior en términos presupuestarios que el Subsector Estado –al representar el 87% del presupuesto consolidado del Ministerio- su menor reducción determina el indicado resultado de una reducción conjunta del 9,7%.
Mayor dotación para incendios forestales
Las cuentas para 2013 prestan especial atención a actividades prioritarias, como son los incendios forestales. Así, los PGE presupuestan para esta partida 104 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% con respecto a 2012. Dentro de esta dotación existe un crédito nuevo de 29,1 millones de euros para paliar los daños producidos por los incendios forestales, en el marco del RD Ley 25/2012.
Igualmente, las partidas financiadas con fondos agrarios de la Unión Europea –FEAGA- se mantienen en los niveles del ejercicio 2012, al reducirse sólo un 0,6%. Así mismo se reduce la partida correspondiente a la contribución de la Unión Europea a los Planes de Desarrollo Rural, suponiendo en conjunto una reducción del 6,4%.
La dotación financiada por el Fondo Europeo de Pesca se mantiene igual que en el año 2012.
El presupuesto por políticas
Por políticas, la política de Agricultura, Pesca y Alimentación sufre una reducción del 9%, pasando de 8.455 a 7.662 millones de euros.
En cuanto a la política de infraestructuras, que recoge los programas relativos a las políticas de medio ambiente -agua, protección del medio ambiente y del medio natural y la lucha contra la contaminación y el cambio climático- sufre una reducción del 11,5%, pasando de 1.971 a 1.745 millones de euros.
En cuanto a los Organismos Autónomos del Departamento, más la Agencia Estatal de Meteorología, cabe destacar el mantenimiento de las inversiones reales –con una reducción de sólo 2,5%- y el incremento de la partida para el pago del IBI, que se financia con una mayor transferencia desde la Dirección General del Agua para las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir (4 millones de euros), Guadiana (2,4) y Duero (1,2), principalmente; finalmente, se aumenta en 30 millones de euros la dotación para amortizar deuda.
Por lo que se refiere el programa de Meteorología, ejecutado por la AEMET, sufre una minoración del 5%, inferior a la media del Departamento.
Por último, cabe resaltar que las operaciones financieras suben un 20,5%. Dentro de estas, los activos financieros (capitulo 8) han aumentado en un 5%, 5 millones de euros, por el incremento en 6,7 millones el crédito para adquisición de participaciones de Sociedades Estatales del Agua, hasta 48,5 millones de euros.
Igualmente se ha incrementado en otros 6 millones del crédito el Fondo de carbono para una economía sostenible –que alcanza para 2013 10,18 millones de euros- .En cuanto a los pasivos financieros crecen un 27,4% para amortización de deuda.

 

Condena a España por los retrasos en la elaboración de planes hidrológicos.

 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España por retrasos en la elaboración de planes de gestión de sus cuencas hidrográficas, que Bruselas considera "esenciales" para lograr el objetivo que se ha fijado la UE de garantizar una buena calidad de las aguas comunitarias de aquí a 2015.
El fallo da la razón al Ejecutivo comunitario, que había denunciado que España sólo ha adoptado y publicado un plan hidrológico de cuenca -el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña- antes de la fecha límite del 22 de marzo de 2010.
Bruselas estima además que, salvo en trece demarcaciones hidrográficas, España ha incumplido con el proceso de información y consulta públicas sobre los borradores que exige la normativa comunitaria.
El Gobierno alegó en su defensa que los retrasos se deben a la complejidad de su sistema jurídico e institucional, en particular en lo que respecta al reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas. Además, invocó los progresos alcanzados en la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca y el calendario de las próximas medidas proyectadas.
A este respecto, el Tribunal de Luxemburgo recuerda que "un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su orden jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una directiva".
España sostuvo además que existen planes hidrológicos en vigor para todas las cuencas, tanto para las de competencia estatal como para las autonómicas, y con objetivos análogos a los fijados por la directiva marco del agua de la UE, aunque se aprobasen con anterioridad a ésta, por lo que la protección de las aguas en España no contendría ninguna laguna.
La sentencia rechaza también este argumento por considerar que las autoridades españolas no informaron en detalle a Bruselas sobre el contenido de estos planes previos para que las autoridades comunitarias pudieran verificar si incluían las disposiciones mínimas previstas en la directiva.

 

Bruselas pide mejoras en la seguridad de las nucleares españolas.

 

 

La Comisión Europea revelará hoy las mejoras que espera en las centrales nucleares españolas para reforzar su seguridad, en el marco de la evaluación realizada a todas las plantas europeas para detectar las deficiencias en sus sistemas de seguridad y emergencias, con el objetivo de evitar en el futuro crisis como la que en 2011 se vivió en Fukushima (Japón).
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, concede que "todos los países han empezado a dar pasos" para mejorar la seguridad de sus plantas, pero advierte de que sigue habiendo importantes deficiencias y que será necesario invertir entre 30 y 200 millones de euros por reactor para cumplir las nuevas exigencias.
En el caso de las centrales españolas, el informe ofrece recomendaciones generales para todas ellas -Almaraz, Ascó, Vandellós, Santa María de Garoña, Cofrentes y Trillo- como planes concretos ante escenarios de "fuertes lluvias y temperaturas extremas".
También plantea medidas para reforzar la protección exterior ante el riesgo de inundaciones y que valore la inclusión de sistemas de filtrado de ventilación de contención, así como revisar la estrategia para calcular los márgenes de tiempo para el control y mitigación de accidentes graves.
De acuerdo a los cálculos del Ejecutivo comunitario, el coste de la inversión para corregir los fallos en todo el parque nuclear de la Unión Europea se elevaría hasta una horquilla de entre 10.000 y 25.000 millones de euros. Los 14 Estados miembros con centrales nucleares suman 134 reactores en suelo comunitario.
Con todo, Bruselas precisa que esta inversión se dedicaría a actualizar las medidas de seguridad de las centrales ya existentes y no cree que tuviera un impacto en los costes de las nuevas plantas por construir. Tampoco recomienda el cierre de ninguno de los reactores en la UE.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE examinarán las conclusiones de estas pruebas de resistencia en su próxima Cumbre, el día 18 y 19 de octubre, mientras que Bruselas prepara de aquí a principios de 2013 una revisión de las normas europeas en materia de seguridad nuclear.
El Ejecutivo comunitario advierte ya de que vigilará que las recomendaciones se cumplen y de que en junio de 2014 presentará una evaluación de su aplicación. El objetivo es que en 2015 todas las centrales nucleares cumplan con las mejoras exigidas.

 

miércoles, 3 de octubre de 2012

La creación de empleo agroganadero, prioridad en Extremadura.

 

 

 

El Gobierno regional considera al sector agroganadero como un pilar fundamental para el presente y el futuro de Extremadura, lo que se evidencia en el número de medidas relativas al mismo adoptadas en la sesión extraordinaria que el Consejo de Gobierno ha celebrado en Cáceres, según ha asegurado el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri.
El consejero destacó que de las 119 medidas anunciadas dentro de la Agenda 2013 aprobada en el citado Consejo, 33 correspondieron a esta Consejería, es decir, el 27% del total
Se trata de medidas a corto, medio y largo plazo en algunas de las cuales ya se está trabajando y el resto se impulsarán a lo largo del próximo año. “Ése es el compromiso que adquirimos con los ciudadanos el pasado sábado, ha manifestado Echávarri, y que vamos a cumplir, como ya hemos hecho con lo anunciado hasta ahora”
En cuanto a las medidas incluidas en la Agenda 2013 en materia de agricultura, desarrollo rural, medio ambiente y energía, son un su conjunto de iniciativas diseñan el proyecto de la Consejería para el próximo año y se basan en tres objetivos fundamentales: creación de empleo; simplificación burocrática; y avances hacia un modelo más productivo y sostenible de los recursos naturales
Nueve medidas extraordinarias
De las 33 medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno Extraordinario, José Antonio Echávarri ha destacado nueve.
Entre éstas el Plan de Incentivos Agroindustriales, un programa que pretende incentivar la inversión y la creación de nuevas empresas o la ampliación de las ya existentes y que contará con una dotación de 60 millones de euros que posibilitarían la viabilidad de unos 215 proyectos que generarían cerca de 500 nuevos empleos y ayudarían a consolidar un total de 1.700 puestos de trabajo.
Otro de los proyectos es el referido a la mejora y regeneración de la dehesa para lo que se establecerá una línea de ayudas que alcanzará los 16,4 millones de euros, con lo que se prevé actuar en unas 50.000 hectáreas de dehesa y generar 60.000 jornales y que permitirá abordar problemas como el envejecimiento y los efectos de la “seca”
Empleo , burocracia e incendios
En el ámbito de la creación de empleo en el ámbito rural y de la potenciación de pequeñas y medianas empresas de Extremadura actuará el Plan de Infraestructuras Rurales, que prevé unas inversiones de 86,7 millones de euros y la creación y consolidación de 3.300 empleos entre este año y 2016.
En cuanto a la simplificación y la reducción de la burocracia, la Consejería está elaborando un decreto que podría aprobarse antes de final de año y que simplificará todos los procedimientos de aprovechamientos forestales, lo que permitirá agilizar en torno a 8.000 procedimientos anuales
En materia de prevención de incendios forestales, se aumentará un 151% el presupuesto, pasando de los 7 millones de euros de este año, a 18 millones de euros para 2013, gracias a la reprogramación de fondos europeos.
Energía y modernización de explotaciones
En cuanto a la energía, este departamento trabaja trabajando en la elaboración de un decreto autonómico que fomente el autoconsumo de energía eléctrica
Por otra parte, la Consejería pretende recuperar la convocatoria de las ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias, ya que se trata de un instrumento clave para aumentar la competitividad del sector agroganadero y facilitar su adaptación al mercado
Asesoramiento a agricultores
También se contempla en la Agenda 2013 la puesta en marcha un nuevo sistema de consejo de abonado al agricultor, ya que, según el consejero, hay que tener en cuenta que “en estos momentos el abono nitrogenado se está utilizando de forma excesiva, ineficaz e ineficiente, y eso provoca una merma de la renta del agricultor y mayor contaminación por nitrato en acuíferos y en el aire”.
La Consejería creará un Servicio Agronómico porque es necesario que el agricultor reciba una recomendación fiable sobre la dosis exacta de abono que debe utilizar y el momento más adecuado para hacerlo. De forma paralela se desarrollará una aplicación informática de uso libre
Corredor oriental
La novena medida es la definición y posterior desarrollo del Corredor Oriental de Extremadura, un proyecto en el que, según ha asegurado José Antonio Echávarri, tiene mucho interés el presidente José Antonio Monago. Un proyecto ambicioso y que se planifica a largo plazo, una iniciativa que pretende aunar los recursos y, en definitiva, crear más región, y que para ser una realidad precisa de la concienciación y el apoyo de los extremeños
“Queremos, ha dicho el consejero, que se unan y se sumen los recursos del Parque Nacional de Monfragüe, del Geoparque Villuercas– Ibores – Jara, y de la comarca de La Siberia, elegida por sus embalses”. También se integrarán en este proyecto los monasterios de Yuste y Guadalupe.
Esta iniciativa engloba a 50 municipios extremeños y a una población de 46.500 habitantes, y pretende establecer una red de conexiones que contribuirá a la conservación de la biodiversidad biológica y de los recursos naturales; aumentará las posibilidades de ocio y disfrute; y fomentará la cohesión social y cultural de manera significativa