Multas millonarias por la extracción ilegal de áridos en el Parque del Sureste.
La Comunidad de Madrid ha impuesto dos sanciones
de 240.000 euros y tres indemnizaciones de 3,1 millones de euros,
827.000 y 2.300 euros a los responsables de extracciones ilegales de
áridos en el Parque Regional del Sureste, según han confirmado a Europa
Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia de un inspector de la Consejería, que detectó la supuesta extracción ilegal en la explotación de áridos,
lo que dio lugar a una inspección de la zona el 28 de octubre de 2004.
Por su parte, en agosto de 2005 los agentes forestales del Parque
Regional del Sureste inspeccionaron dicha explotación para comprobar el
cumplimiento de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Ante las irregularidades detectadas procedieron a realizar una denuncia por diversas infracciones, tales como extracción por debajo del nivel freático, incumplimiento de la distancia de retranqueo de 100 metros al río Jarama, presencia en la plaza de cantera de maquinaria expresamente prohibida en la DIA, incumplimientos en las plantaciones vegetales preceptivas, superación más de 5 hectáreas de superficie explotada sin restaurar, aporte irregular de materiales externos para la restauración, taludes finales incumpliendo normativa o extracción no autorizada, ha detallado la Asociación Profesional de Agentes Forestales (APAF) de Madrid en una nota en su web.
En marzo de 2006 los guardabosques volvieron a denunciar al mismo promotor por extraer áridos en zonas B1/D3 del Parque Regional del Sureste, nuevamente fuera de los perímetros de las dos explotaciones autorizadas y en lugar muy próximo. A raíz de esta denuncias, los técnicos de la Comunidad realizaron otra inspección en abril de 2006.
El Área de Disciplina Ambiental de la Consejería entendió que se los hechos podía infringir la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental. Así, remitió estas pruebas al juzgado y en enero de 2012 tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid.
En la sentencia el juez concluyó que, a pesar de los daños e impactos causados por la actividad, no se pudo demostrar la existencia de un grave riesgo para los sistemas naturales, por lo que se absolvió al promotor como responsable civil del citado delito sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.
Finalmente, tras retomar el Área de Disciplina Ambiental los expedientes sancionadores administrativos, ha impuesto recientemente dos sanciones de 240.000 euros cada una y tres indemnizaciones de 3,1 millones de euros, 827.000 y 2.300 euros.
Ante las irregularidades detectadas procedieron a realizar una denuncia por diversas infracciones, tales como extracción por debajo del nivel freático, incumplimiento de la distancia de retranqueo de 100 metros al río Jarama, presencia en la plaza de cantera de maquinaria expresamente prohibida en la DIA, incumplimientos en las plantaciones vegetales preceptivas, superación más de 5 hectáreas de superficie explotada sin restaurar, aporte irregular de materiales externos para la restauración, taludes finales incumpliendo normativa o extracción no autorizada, ha detallado la Asociación Profesional de Agentes Forestales (APAF) de Madrid en una nota en su web.
En marzo de 2006 los guardabosques volvieron a denunciar al mismo promotor por extraer áridos en zonas B1/D3 del Parque Regional del Sureste, nuevamente fuera de los perímetros de las dos explotaciones autorizadas y en lugar muy próximo. A raíz de esta denuncias, los técnicos de la Comunidad realizaron otra inspección en abril de 2006.
El Área de Disciplina Ambiental de la Consejería entendió que se los hechos podía infringir la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental. Así, remitió estas pruebas al juzgado y en enero de 2012 tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid.
En la sentencia el juez concluyó que, a pesar de los daños e impactos causados por la actividad, no se pudo demostrar la existencia de un grave riesgo para los sistemas naturales, por lo que se absolvió al promotor como responsable civil del citado delito sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.
Finalmente, tras retomar el Área de Disciplina Ambiental los expedientes sancionadores administrativos, ha impuesto recientemente dos sanciones de 240.000 euros cada una y tres indemnizaciones de 3,1 millones de euros, 827.000 y 2.300 euros.
Abatido otro lobo radiomarcado en Picos de Europa.
Grupos ecologistas y animalistas denuncian, a
través de un comunicado, que otro lobo que estaba siendo objeto de
estudio científico ha sido abatido a disparos este mes de enero en el
territorio del Parque Nacional de Picos de Europa.
La Dirección del Parque Nacional de Picos de Europa, que abarca territorio de Castilla y León, Asturias y Cantabria, adolece de mecanismos de control de lo que el personal
de la Junta de Castilla y León realiza en terrenos del propio Espacio
Natural Protegido, ya que la vertiente leonesa del Parque Nacional se
solapa con la Reserva Regional de Caza de Riaño, donde impera un modelo
de gestión puramente cinegético. El animal ha sido abatido por personal
de la Junta de Castilla y León, sin el conocimiento del personal del Parque Nacional.
En el momento de su muerte, el lobo portaba un collar de seguimiento GPS-GSM que le fue colocado el día 10 de octubre de 2012 por los investigadores contratados por el Parque Nacional de los Picos de Europa. Para este trabajo de radiomarcaje, la Junta de Castilla y León y la Dirección de la Reserva Regional de Caza de Riaño exigieron la presencia de celadores de la Reserva. Este hecho viene a sumarse al episodio acontecido con la muerte del lobo apodado “Marley”, ejecutado por personal de la Administración del Parque Nacional, que también formaba parte del mismo estudio científico. La Dirección del Parque Nacional informó en diciembre al Patronato del Parque Nacional sobre el proceso de captura y marcaje. Se afirmaba que el collar de la loba ahora abatida estaba operativo y transmitiendo información adecuadamente.
Según los grupos firmantes del comunicado, la ejecución de lobos dentro del Parque es un ejemplo de su deficiente gestión, además de un desprecio al coste del proyecto de investigación y un enorme obstáculo para obtener resultados del mismo.
Se demuestra de nuevo que las ejecuciones de lobos se realizan sin coordinación entre administraciones implicadas en la supuesta co-gestión del Parque Nacional. Además, informes técnicos encargados por el propio Parque desaconsejan la realización de controles de lobos y sugieren que incluso pueden tener efectos inesperados por la desestructuración de las apenas 3-6 manadas que habitualmente campean en el Parque Nacional.
Gestión deficiente
Este hecho viene a confirmar lo que los grupos conservacionistas llevan denunciado hace décadas: las malas praxis de gestión tanto en el Parque Nacional como en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León, terrenos públicos donde debe primar, por ley, la conservación de los valores naturales y no el control sistemático y desordenado de lobos.
La base de una buena gestión debe cimentarse en un buen conocimiento y una participación pública abierta y transparente. Ningún tipo de pronunciamiento ha sido emitido por las administraciones implicadas ni por los investigadores de las empresas contratadas con dinero público para el radiomarcaje (TRAGSA y A.RE.NA). Los grupos firmantes han conocido la muerte de la loba a través de filtraciones de terceros. Según informes oficiales, la administración del Parque Nacional abonó entre 2010 y 2011 más de 500.000 euros para la realización de este tipo de estudios con ejemplares radiomarcados. Su muerte a tiros confirma el grado de protección del que realmente goza la especie, a pesar de estar hablando de un parque nacional, y cancela de manera prematura el aprovechamiento de los datos que esos animales podrían haber aportado
Por último, solicitan una investigación a fondo para esclarecer y depurar las responsabilidades derivadas tanto del Parque Nacional como de la Reserva Regional de Caza de Riaño.
En el momento de su muerte, el lobo portaba un collar de seguimiento GPS-GSM que le fue colocado el día 10 de octubre de 2012 por los investigadores contratados por el Parque Nacional de los Picos de Europa. Para este trabajo de radiomarcaje, la Junta de Castilla y León y la Dirección de la Reserva Regional de Caza de Riaño exigieron la presencia de celadores de la Reserva. Este hecho viene a sumarse al episodio acontecido con la muerte del lobo apodado “Marley”, ejecutado por personal de la Administración del Parque Nacional, que también formaba parte del mismo estudio científico. La Dirección del Parque Nacional informó en diciembre al Patronato del Parque Nacional sobre el proceso de captura y marcaje. Se afirmaba que el collar de la loba ahora abatida estaba operativo y transmitiendo información adecuadamente.
Según los grupos firmantes del comunicado, la ejecución de lobos dentro del Parque es un ejemplo de su deficiente gestión, además de un desprecio al coste del proyecto de investigación y un enorme obstáculo para obtener resultados del mismo.
Se demuestra de nuevo que las ejecuciones de lobos se realizan sin coordinación entre administraciones implicadas en la supuesta co-gestión del Parque Nacional. Además, informes técnicos encargados por el propio Parque desaconsejan la realización de controles de lobos y sugieren que incluso pueden tener efectos inesperados por la desestructuración de las apenas 3-6 manadas que habitualmente campean en el Parque Nacional.
Gestión deficiente
Este hecho viene a confirmar lo que los grupos conservacionistas llevan denunciado hace décadas: las malas praxis de gestión tanto en el Parque Nacional como en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León, terrenos públicos donde debe primar, por ley, la conservación de los valores naturales y no el control sistemático y desordenado de lobos.
La base de una buena gestión debe cimentarse en un buen conocimiento y una participación pública abierta y transparente. Ningún tipo de pronunciamiento ha sido emitido por las administraciones implicadas ni por los investigadores de las empresas contratadas con dinero público para el radiomarcaje (TRAGSA y A.RE.NA). Los grupos firmantes han conocido la muerte de la loba a través de filtraciones de terceros. Según informes oficiales, la administración del Parque Nacional abonó entre 2010 y 2011 más de 500.000 euros para la realización de este tipo de estudios con ejemplares radiomarcados. Su muerte a tiros confirma el grado de protección del que realmente goza la especie, a pesar de estar hablando de un parque nacional, y cancela de manera prematura el aprovechamiento de los datos que esos animales podrían haber aportado
Por último, solicitan una investigación a fondo para esclarecer y depurar las responsabilidades derivadas tanto del Parque Nacional como de la Reserva Regional de Caza de Riaño.
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